Nicaragua: Reforma constitucional consolida el poder de Ortega y amenaza la libertad religiosa

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El 30 de enero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó en segunda lectura una reforma constitucional que otorga poderes casi ilimitados al presidente Daniel Ortega. Esta enmienda, la última de una serie de doce cambios realizados a lo largo de los años, consolida su control sobre los poderes legislativo, judicial y electoral, mientras designa a su esposa, Rosario Murillo, como “copresidente”.

Murillo, vista con recelo por muchos nicaragüenses debido a sus vínculos con el ocultismo, ha sido apodada “chamuca” y “bruja” por sectores de la población. En un país donde más de la mitad de los ciudadanos son católicos practicantes, estas reformas han generado preocupación, especialmente por su impacto en la libertad religiosa.

El artículo 14: Una amenaza velada a la libertad religiosa

Aunque el artículo 14 de la Constitución reformada afirma que “el Estado es laico” y garantiza la libertad de culto, su redacción ambigua permite al gobierno interpretarlo a su conveniencia. Bajo el pretexto de proteger el orden público, el Estado puede reprimir actividades religiosas que considere “sediciosas” o bajo “control extranjero”. Esto otorga a Ortega un poder casi absoluto para perseguir grupos religiosos, como ya ha ocurrido con la Iglesia Católica.

En los últimos años, el régimen de Ortega ha intensificado su persecución contra la Iglesia, confiscando bienes de órdenes religiosas, expulsando monjas clarisas de sus monasterios y allanando instituciones católicas. Estos actos reflejan una tendencia alarmante: la instrumentalización de la ley para justificar la represión.

Un paralelismo con regímenes autoritarios

La reforma nicaragüense recuerda a tácticas utilizadas por regímenes comunistas como la Unión Soviética y China, donde la libertad religiosa está nominalmente garantizada, pero en la práctica es severamente restringida. En Nicaragua, la creación de una “policía ciudadana voluntaria” (artículo 97) evoca las milicias del Partido Comunista Chino, utilizadas para reprimir disidencias y controlar a la población.

Conclusión

La reforma constitucional en Nicaragua no solo consolida el poder de Ortega, sino que también representa una grave amenaza para la libertad religiosa y los derechos fundamentales. En un país profundamente católico, estas medidas han despertado temores de una persecución sistemática contra la Iglesia y otros grupos religiosos.